Fortalecimiento del Sernac

17 de julio de 2017

Ha avanzado la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que modifica sustancialmente el rol del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y estaría pronto a ser despachado al Senado. La protección de los derechos de los consumidores, ingrediente esencial de una economía de mercado, ha sido objeto de numerosas modificaciones legales (la última de ellas, durante el gobierno del ex Presidente Piñera, dio lugar al llamado "Sernac Financiero") y despierta explicable interés público. Sin embargo, la iniciativa del actual gobierno ha motivado un intenso debate y, según atestiguan declaraciones de la CPC, está provocando gran inquietud entre los empresarios.

La iniciativa modifica el actual rol del Sernac como representante de los consumidores en la defensa de sus intereses ante los proveedores o los tribunales, transformándolo en un ente fiscalizador, al estilo de las superintendencias que actúan en los mercados regulados. Así, el Sernac adquiere la facultad de interpretar la Ley del Consumidor, dictar normas, imponer elevadas multas y exigir el cumplimiento forzado de ciertas obligaciones por parte de los proveedores. Ello requiere de este organismo una dosis de imparcialidad que no se compadece con la defensa que hoy asume de intereses de los consumidores, la cual es bien valorada por la ciudadanía. Más tranquilizador para todos es que quien juzga no sea también parte involucrada. De allí la importancia de las mediaciones privadas y el papel de los tribunales.

En la tramitación del proyecto han surgido otras objeciones importantes. La facultad normativa contemplada puede chocar con las disposiciones que rigen sobre los mercados regulados, tales como el bancario, de telecomunicaciones y otros. Hoy se faculta al Ministerio de Economía a dictar reglamentos en conjunto con los ministerios sectoriales involucrados. La propuesta es entregar plenas facultades al Sernac, previa opinión favorable de la agencia reguladora correspondiente, lo cual es difícil que permita al regulador sectorial -quien mejor conoce las peculiaridades técnicas del rubro- colaborar constructivamente en la confección de una normativa apropiada. Durante el debate parlamentario se propuso entregar esta función a un consejo de alto nivel. La última indicación presidencial desecha esa opción y mantiene una autoridad unipersonal, dependiente del Ejecutivo, con amplios poderes, y obviamente susceptible a presiones políticas. Otras materias latamente debatidas han sido la magnitud de las multas -algo morigeradas en la última versión del proyecto- y la discutible introducción de una eventual indemnización por daño moral en los juicios colectivos.

El Senado habrá de revisar con sumo cuidado los aspectos más controvertidos del proyecto. Volver a discutir, por ejemplo, la idea de dotar al Sernac de mayor autonomía -tal vez a través de un órgano directivo colegiado- y promover los sistemas privados de mediación. Por último, en los tiempos que corren, el alto costo fiscal del proyecto -multiplica el presupuesto por 3,5 veces y contrata alrededor de 400 nuevos funcionarios- ciertamente amerita una revisión.

Fuente: El Mercurio

 

 


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